BUSQUEDA | INFORME ESPECIAL | Pág. 13 | 12/01/2012.


Molesto con las últimas movilizaciones, el Poder Ejecutivo resolvió crear un "marco jurídico especial" para los sindicatos policiales.

En la tarde del jueves 5 medio centenar de dirigentes policiales se manifestaron en el peaje del arroyo Pando, repartiendo volantes y cantando consignas contra las autoridades del Ministerio del Interior, entorpecieron el tránsito durante unos quince minutos aunque no llegaron a cortar por completo la circulación de vehículos.
Esa medida agotó la paciencia del comando político del Ministerio, que tomó la decisión de crear un "marco jurídico especial" para los sindicatos policiales a fin de evitar situaciones similares en el futuro, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
En opinión del Ministerio, el derecho laboral indica que la "libertad sindical no es irrestricta" y en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) rige el criterio de que los policías tienen derecho a organizarse pero no a realizar paros porque "se trata de un servicio esencial".
"La institución policial funciona como un sistema vertical cuyos integrantes están bajo un régimen de disciplina y sometidos a jerarquía. Eso es así y no se debe cambiar", opinó una de las autoridades.
En febrero del 2011 un grupo de efectivos de la Seccional Séptima de Montevideo llevó a cabo una huelga porque rechazaba la modificación del sistema extraordinario de vigilancia 222. En esa ocasión, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que "los policías se pueden sindicalizar pero no pueden realizar paros".
Las autoridades todavía no definieron qué camino seguirán para cambiar la normativa que regula la actividad de esos sindicatos. Las fuentes afirmaron que se maneja la posibilidad de acordarlo mediante un "convenio colectivo" con los policías, pero no se descarta recurrir a un decreto ni incluir el tema en la nueva Ley Orgánica Policial que el gobierno quiere aprobar durante el actual período legislativo.
La opción de incluirlo en la futura ley tiene el problema de que la redacción del proyecto y la posterior aprobación parlamentaria puede insumir mucho tiempo cuando el objetivo del gobierno es solucionar el problema en el período más breve posible, añadieron los informantes.
"Más claros". Para las actuales autoridades del Ministerio, la decisión de sus antecesores de facilitar la consolidación de los sindicatos policiales fue buena, pero se debió ser "más claros" en la regulación de sus derechos, dijeron los informantes.
Al momento de asumir, el equipo encabezado por Bonomi se encontró con que el Ministerio pagaba unas 25.000 "horas sindicales" (tiempo libre remunerado a dirigentes). Tras negociar con los trabajadores el gobierno logró bajar esa erogación a 10.700 horas, es decir, el equivalente al trabajo de 50 policías, el turno completo de una comisaría, según datos oficiales. De los cerca de 28.000 policías uruguayos, unos 8.000 están afiliados a alguno de los sindicatos del sector. No todos los grupos apoyaron la movilización del jueves 5. En el gobierno también hay preocupación por el funcionamiento interno de esos gremios. Bonomi aprobó en noviembre una orden de servicio en la que estableció que los policías que quieran darse de baja de su sindicato lo puedan hacer a través del Ministerio. Hasta ese momento, las autoridades habían recibido quejas de efectivos que pedían la desafiliación al gremio pero descubrían que se les seguía descontando la cuota de 90 pesos. En los últimos tres meses el Ministerio recibió 140 pedidos de desafiliación. Según los informantes, las autoridades de la cartera entienden que algunos dirigentes están aprovechando la oportunidad para "enriquecerse". La Dirección de Asuntos Internos está investigando varias denuncias al respecto (Búsqueda Nº 1.603). "Menos resultados". Al tiempo que analizan el "marco jurídico", las autoridades del Ministerio resolvieron iniciar una investigación administrativa a los dirigentes que participaron en la manifestación del peaje.
El PIT-CNT, que aspira a que todos los sindicatos policiales se unifiquen, respaldó la medida gremial y cuestionó a las autoridades ministeriales porque considera que se negaron al diálogo. Los gremios reclaman la disminución de la jornada laboral a seis horas, la eliminación de la resolución que sustituyó el castigo de arresto a rigor por la asistencia sin pago de sueldo, y el pago extra por trabajar en horas de la noche.         
A su vez, rechazan la reestructura de la Jefatura de Montevideo y reclamaron que debían haber sido consultados. El director de la Policía Nacional, Julio Guarteche, desestimó ese planteo porque en el ministerio "no existe cogestión", según declaró el viernes 6 a "Ultimas Noticias". Pocos minutos después de que se terminó la movilización, el ministro interino Jorge Vázquez citó a una conferencia de prensa para expresar la posición de esa cartera. El Ministerio acusó a los trabajadores de tomar medidas aun cuando existía "un principio de acuerdo" sobre cómo "encarar los puntos" incluidos en la plataforma reivindicativa. La declaración oficial señala que en el 2011 los aumentos salariales otorgados por el gobierno significaron, por ejemplo, que un agente de segunda ?el escalafón más bajo? recibiera un incremento del 27% sobre su "salario base", con lo que pasó a ganar 15.315 pesos "sin tener en cuenta la antigüedad, permanencia en el grado y la compensación por tareas prevento represivas". El Ministerio señaló además que en el 2012 está previsto un incremento de salarios del 20% para la Policía "cuando otros funcionarios públicos tendrán un aumento en el entorno del 8% o 9%". En cuanto al contenido de los planteos, Vázquez señaló que la disminución de la carga horaria "atenta contra los intereses de la población ya que significaría una disminución de entre el 8 y 10% de los efectivos, a pesar del esfuerzo que se hizo para el ingreso de nuevos funcionarios". "Cuando las condiciones de seguridad y la población nos piden mayor presencia policial, el Sindicato Policial plantea de hecho menos policías en las calles, menos patrullaje, menos resultados", dijo Vázquez, y añadió: "Cuando la obligación de la Policía es bajar el número de delitos y brindar mayor seguridad a la población, este tipo de conflictos y este tipo de medidas generan mayor inseguridad y confunden a la población".