LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Sociedad de Funcionarios Policiales en Actividad y Retiro de la Administración Central – Sindicato Policial (S.U.P.U.), con Personería Jurídica Nº 10266, registrada en el Ministerio de Educación y Cultura, libro Nº 18 folio Nº 236, por intermedio de la presente notifica a sus afiliados que el próximo dìa 11 de Febrero de 2012, a partir de la hora 09:00, realizara su Asamblea General Ordinaria en el local “Centro Social Obrero”, sito en calle 25 de Agosto y Florencio Sánchez de la Ciudad de Rocha – Dpto Rocha, de acuerdo al Art. Nº 12 de su Estatuto, con el siguiente Orden del dìa;


1)    Memoria y balance anual de todo el Sindicato período 2010 – 2011.-
2)    Ajuste y distribución de la cuota sindical.-
3)    Elecciones Nacionales y ratificación de Comisión Electoral.-

Nombre y Apellido    Cédula de Identidad Nº    Firma
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

BUSQUEDA | INFORME ESPECIAL | Pág. 13 | 12/01/2012.


Molesto con las últimas movilizaciones, el Poder Ejecutivo resolvió crear un "marco jurídico especial" para los sindicatos policiales.

En la tarde del jueves 5 medio centenar de dirigentes policiales se manifestaron en el peaje del arroyo Pando, repartiendo volantes y cantando consignas contra las autoridades del Ministerio del Interior, entorpecieron el tránsito durante unos quince minutos aunque no llegaron a cortar por completo la circulación de vehículos.
Esa medida agotó la paciencia del comando político del Ministerio, que tomó la decisión de crear un "marco jurídico especial" para los sindicatos policiales a fin de evitar situaciones similares en el futuro, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
En opinión del Ministerio, el derecho laboral indica que la "libertad sindical no es irrestricta" y en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) rige el criterio de que los policías tienen derecho a organizarse pero no a realizar paros porque "se trata de un servicio esencial".
"La institución policial funciona como un sistema vertical cuyos integrantes están bajo un régimen de disciplina y sometidos a jerarquía. Eso es así y no se debe cambiar", opinó una de las autoridades.
En febrero del 2011 un grupo de efectivos de la Seccional Séptima de Montevideo llevó a cabo una huelga porque rechazaba la modificación del sistema extraordinario de vigilancia 222. En esa ocasión, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó que "los policías se pueden sindicalizar pero no pueden realizar paros".
Las autoridades todavía no definieron qué camino seguirán para cambiar la normativa que regula la actividad de esos sindicatos. Las fuentes afirmaron que se maneja la posibilidad de acordarlo mediante un "convenio colectivo" con los policías, pero no se descarta recurrir a un decreto ni incluir el tema en la nueva Ley Orgánica Policial que el gobierno quiere aprobar durante el actual período legislativo.
La opción de incluirlo en la futura ley tiene el problema de que la redacción del proyecto y la posterior aprobación parlamentaria puede insumir mucho tiempo cuando el objetivo del gobierno es solucionar el problema en el período más breve posible, añadieron los informantes.
"Más claros". Para las actuales autoridades del Ministerio, la decisión de sus antecesores de facilitar la consolidación de los sindicatos policiales fue buena, pero se debió ser "más claros" en la regulación de sus derechos, dijeron los informantes.
Al momento de asumir, el equipo encabezado por Bonomi se encontró con que el Ministerio pagaba unas 25.000 "horas sindicales" (tiempo libre remunerado a dirigentes). Tras negociar con los trabajadores el gobierno logró bajar esa erogación a 10.700 horas, es decir, el equivalente al trabajo de 50 policías, el turno completo de una comisaría, según datos oficiales. De los cerca de 28.000 policías uruguayos, unos 8.000 están afiliados a alguno de los sindicatos del sector. No todos los grupos apoyaron la movilización del jueves 5. En el gobierno también hay preocupación por el funcionamiento interno de esos gremios. Bonomi aprobó en noviembre una orden de servicio en la que estableció que los policías que quieran darse de baja de su sindicato lo puedan hacer a través del Ministerio. Hasta ese momento, las autoridades habían recibido quejas de efectivos que pedían la desafiliación al gremio pero descubrían que se les seguía descontando la cuota de 90 pesos. En los últimos tres meses el Ministerio recibió 140 pedidos de desafiliación. Según los informantes, las autoridades de la cartera entienden que algunos dirigentes están aprovechando la oportunidad para "enriquecerse". La Dirección de Asuntos Internos está investigando varias denuncias al respecto (Búsqueda Nº 1.603). "Menos resultados". Al tiempo que analizan el "marco jurídico", las autoridades del Ministerio resolvieron iniciar una investigación administrativa a los dirigentes que participaron en la manifestación del peaje.
El PIT-CNT, que aspira a que todos los sindicatos policiales se unifiquen, respaldó la medida gremial y cuestionó a las autoridades ministeriales porque considera que se negaron al diálogo. Los gremios reclaman la disminución de la jornada laboral a seis horas, la eliminación de la resolución que sustituyó el castigo de arresto a rigor por la asistencia sin pago de sueldo, y el pago extra por trabajar en horas de la noche.         
A su vez, rechazan la reestructura de la Jefatura de Montevideo y reclamaron que debían haber sido consultados. El director de la Policía Nacional, Julio Guarteche, desestimó ese planteo porque en el ministerio "no existe cogestión", según declaró el viernes 6 a "Ultimas Noticias". Pocos minutos después de que se terminó la movilización, el ministro interino Jorge Vázquez citó a una conferencia de prensa para expresar la posición de esa cartera. El Ministerio acusó a los trabajadores de tomar medidas aun cuando existía "un principio de acuerdo" sobre cómo "encarar los puntos" incluidos en la plataforma reivindicativa. La declaración oficial señala que en el 2011 los aumentos salariales otorgados por el gobierno significaron, por ejemplo, que un agente de segunda ?el escalafón más bajo? recibiera un incremento del 27% sobre su "salario base", con lo que pasó a ganar 15.315 pesos "sin tener en cuenta la antigüedad, permanencia en el grado y la compensación por tareas prevento represivas". El Ministerio señaló además que en el 2012 está previsto un incremento de salarios del 20% para la Policía "cuando otros funcionarios públicos tendrán un aumento en el entorno del 8% o 9%". En cuanto al contenido de los planteos, Vázquez señaló que la disminución de la carga horaria "atenta contra los intereses de la población ya que significaría una disminución de entre el 8 y 10% de los efectivos, a pesar del esfuerzo que se hizo para el ingreso de nuevos funcionarios". "Cuando las condiciones de seguridad y la población nos piden mayor presencia policial, el Sindicato Policial plantea de hecho menos policías en las calles, menos patrullaje, menos resultados", dijo Vázquez, y añadió: "Cuando la obligación de la Policía es bajar el número de delitos y brindar mayor seguridad a la población, este tipo de conflictos y este tipo de medidas generan mayor inseguridad y confunden a la población".
   

El pasado jueves 5 de enero, un grupo de representantes de entre nueve y doce sindicatos policiales (de los trece que existen) que se nuclean en la U.SI.P (Unión de Sindicatos Policiales) salió a la opinión pública a anticipar una serie de medidas de fuerza en base a una plataforma reivindicativa que reunía diversos puntos, y a declararse en pre-conflicto con el Ministerio del Interior.
Una de las primeras medidas, del grupo de dirigentes, fue llevar a cabo una movilización sobre el peaje de Pando con volanteada informativa y, en principio, se anunciaba un corte de ruta. En este sentido, algunas autoridades del Ministerio del Interior inmediatamente anunciaron que no se permitirían cortes y que los trabajadores policiales que lo intentaren, serían desalojados. En este contexto el S.U.P.U. (Sindicato Único de Policías del Uruguay) declaraba, su no adhesión a la medida y marcaba sus diferencias con la plataforma reivindicativa, por la cual se llevarían adelante las medidas de fuerza en un comunicado.
En el lugar elegido para la marcha no se divisaban, según versiones de prensa, más que dos jerarquías policiales y algunos policías de la D.N.P.T. que posteriormente sabríamos que su cometido era relevar la medida sindical fotográficamente. Unas horas más tarde, la cartera ministerial saco un extenso comunicado público que intentó rebatir la mayoría de los puntos que reclamaban los sindicatos, que leyó el Ministro (I) Jorge Vázquez en compañía del Director General de Secretaria Dr. Carreras.
Pero el sábado por la mañana, despertábamos con una notica que algunos habíamos anticipado, el ministerio abriría una investigación administrativa para determinar las eventuales responsabilidades de los dirigentes sindicales policiales que participaron en el corte de ruta en el peaje de Pando, no descartando sanciones, sumarios y destituciones a cargo de la Asesoría Jurídica del Ministerio según dejo trascender cierta autoridad ministerial a un diario capitalino, sin perjuicio de que la mesa tripartita se realizaría de forma independiente en el M.T.S.S el jueves 12 de este mes, a las 13:00 horas según versiones de algunas organizaciones sindicales.
Conviene no perder de vista que, esta suerte de unificación que han promovido algunos sindicatos policiales a impulsos de un ultimátum de la central, no tiene carácter estatutario, sino meramente funcional y tampoco definen su naturaleza jurídica, encaminándose, en principio, a una unión de fines comunes. Vale la pena la aclaración, puesto que muchos dan por un hecho una unificación estatutaria a nivel nacional que, de momento, no existe y que será muy difícil alcanzar por estos caminos.
En ese marco, creemos acertado analizar determinados episodios, y para eso, dejar de lado las imprecisiones y los errores jurídicos que contenían los puntos de la plataforma reivindicativa que disparó la polémica, ya que es evidente que en su elaboración se perdieron de vista los macro problemas que se particularizan en las diferentes Unidades Ejecutoras y Dependencias multiplicando y potenciando las problemáticas sobre los trabajadores policiales si no se las orienta a una visión sistémica del problema, como ya hemos sostenido en otros artículos.
Por su parte, el comunicado del Ministerio del Interior claramente falto a la verdad, cuando se afirmo que los sindicatos policiales nunca han propuesto nada, ya que hemos participado en la discusión, redacción, articulación y presentación en el propio M.T.S.S. de por los menos dos proyectos de reforma de la legislación policial, sin perjuicio de otros presentados de índole organizacional y de garantías para todas las organizaciones sindicales de la rama.
Particularmente en relación a la postura adoptada por la cartera respecto al comunicado de la U.SI.P estimamos que hubiera sido más honesto, de parte de la cartera ministerial, expresar que no se estaba de acuerdo con lo que los sindicatos de Pando estaban proponiendo, de forma o fondo, o con las medidas empleadas para reivindicarlo, pero no salir a dinamitar el diálogo y la imagen de los sindicatos en general como se hizo, dándole una lectura incorrecta, y moviendo la atención los problemas de relacionamiento con sus trabajadores a los de seguridad pública, desvirtuando así la relación directa que invocaban, con fundados motivos, los dirigentes entre las condiciones de trabajo y la efectividad del servicio, lo que habla de un pronunciamiento apresurado del ministerio y de notoria mala fe.
Ciertos estudiosos uruguayos de los ámbitos y procesos de negociación colectiva han señalado en más de una oportunidad que, si bien no existe obligación de acordar si existe, en cambio, la obligación de negociar de buena fe, y es en este punto que la cartera ha fallado permanentemente respecto a las organizaciones sindicales, no permitiéndoles acceder a la información necesaria, a los rumbos que planea llevar adelante en términos de política de seguridad en las áreas que puedan afectar las condiciones laborales de los trabajadores policiales. En contra partida, las organizaciones han obrado siempre de buena fe, algunos han realizado propuestas que nunca tuvieron respuesta, o sólo se recibieron excusas poco serias y que evidenciaba gran desaprensión. Olvida la cartera ministerial y el M.T.S.S. que los trabajadores policiales por desarrollar tareas de naturaleza esencial poseen ciertas protecciones especiales como contra partida a sus limitaciones de derechos y que la celeridad en la discusión, resolución y aplicación inmediata de lo acordado es una garantía obligatoria que estando ausente lo que, según algunos estudiosos nacionales, habilitaría la toma de otras medidas más cercanas a las adoptadas por los trabajadores de servicios no esenciales y esto, no es menor.
También es cierto, que muchos no comprenden que el fuero sindical en el caso de los trabajadores policiales, no aparta de ellos la gran mayoría de las obligaciones que en virtud del Estado Policial se le confieren, en otras palabras, no se suspenden esas obligaciones, sino que se abre un área de actividad para permitir, bajo cierta formas, la militancia con libertad para hacer y decir en materia gremial, con especiales limitaciones por tratarse de servicios esenciales en cuanto a la gama de posibilidades particularmente en materia de medidas de fuerza.
Por nuestra parte, creemos además que existen ciertos presupuestos que en los ámbitos de negociación colectiva y en especial cuando se trata de trabajadores de servicios esenciales, que el Ministerio del Interior no ha respetado, así como tampoco lo ha respetado el M.T.S.S. como lo sostuvimos en otros artículos y sin perjuicio de que la ley de negociación colectiva para el sector público, tampoco es aplicada a dichos ámbitos de negociación.
Como dato anexo, no puede olvidarse que el acceso a los ámbitos de negociación se abre o cierra, porque existe un acuerdo entre la cartera ministerial y la central de trabajadores que implica que si el sindicato no va “avalado” por el Pit el ámbito se cierra. Lo que determina que, con frecuencia, los trabajadores policiales deban de armonizar sus necesidades y urgencias a las visiones o tiempos que algún representante de la central señala y esto, va justamente a contrapelo de lo que implican las protecciones de los trabajadores de servicios esenciales. Por eso entendemos que el rol que juega la central ha sido equivocado desde el inicio y debe cumplir un rol organizacional en relación a los diversos sindicatos, y pero no incidir de otras formas en los procesos de relacionamiento con la cartera, donde ésta última tiene la responsabilidad de conducirse de acuerdo a las normas contenidas en los ámbitos de negociación colectiva, esto implica reconocer y hacer aplicar los acuerdos nacidos de esos ámbitos. Y esto es una verdad insoslayable de acá a Pando.
Por estas horas, el Ministerio del Interior analiza las posibles responsabilidades, pero no debería perder de vista el contexto en el cual vienen a tener lugar dichas acciones por parte de algunas organizaciones sindicales, como lo señalamos más arriba. Por eso debe la cartera ministerial transitar con sumo cuidado a la hora de llevar adelante acciones disciplinarias porque una decisión en este contexto debe analizarse varias veces y tener precisión quirúrgica, ya que están en juego importantes derechos, libertad de circulación de bienes y personas, las libertades sindicales, las protecciones de los trabajadores de servicios esenciales, las normas en materia de negociación colectiva, y la cuota parte de responsabilidad que han tenido las autoridades políticas del Ministerio del Interior en esta clara deshonestidad en materia de relacionamiento con los trabajadores.
Es notorio, hoy más que nunca que los resultados que han arrojado los buenos oficios del Pit-Cnt son nulos, puesto que los ámbitos son simulados, para cubrir meramente las formalidades de la obligación de tener espacios de “dialogo”, porque en cada oportunidad de avance se trunca, y todo culmina por ser una gran puesta en escena, sin contenido sustancial en los hechos y se caracterizan por dejar a los sindicatos policiales en medio de una suerte de diálogo extraoficial entre la central y el tercer hombre de la cartera ministerial, lo que es absolutamente pernicioso a los fines de todas las organizaciones y en muchos aspectos conspiran para desarticular las líneas de acción de los sindicatos policiales. En ese mismo sentido, las organizaciones se han dividido en dos posturas, los que entienden que se logrará por la vía de la fuerza y los que creen que el camino es más jurídico, sin descartar medidas pero siempre estudiadas previa y detalladamente, para no incurrir en desaciertos. Más allá de las diferencias que mantengo con las formas y procesos, que siguen algunas organizaciones, estimo que si se cuidan más las formas y la sustancia de las cosas que se tratan de reivindicar, se aplicara un poco más la inteligencia jurídica en el momento oportuno, pueden evitarse estos costos tan altos al movimiento, que se dan por rechazar caprichosamente ciertas posturas jurídicas.

Un abrazo fraterno para todos.

Miguel Barrios.-

EL S.U.P.U. COMUNICA A TODOS LOS TRABAJADORES POLICIALES Y OPINIÓN PÚBLICA.

EL SINDICATO UNICO DE POLICÍAS DEL URUGUAY (S.U.P.U.) QUIERE COMUNICAR A LOS TRABAJADORES POLICIALES, ALGUNOS DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO ACOMPAÑO LAS MEDIDAS QUE SI ADPOTO U.SI.P. (UNION DE SINDCIATOS POLICIALES).
1) Dejar sin efecto la orden número 12 que viola convenios colectivos. Es oportuno señalar que todo convenio colectivo debe inscribirse, solicitar su homologación por el Poder Ejecutivo, desde donde es aplicable y exigible. Estos pasos son todos de carácter jurídicos y no ameritan, para su realización, el uso de medidas de fuerza.
2) Refinanciación del préstamo en “U.Y.” y llevarlo a 120 cuotas. En este sentido debe señalarse que, no existe ninguna unidad monetaria que se denomine “U.Y.” y que la línea de préstamo que se pretende refinanciar responde a las siglas U.I. siendo esto competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, no competencia exclusiva del Ministerio del Interior.
3) Firma de un convenio de horas sindicales. El convenio de horas sindicales fue enviado por el Ministerio del Interior y estudiado por los Asesores Legales del S.U.P.U. realizando modificaciones al documento propuesto por la cartera de gobierno y por la suspensión de los ámbitos de negociación por parte del representante del Pit-Cnt de la corriente Articulación Gustavo Segnorele en acuerdo con el Director General de Secretaría Charles Carrera, no se pudo presentar. -
4) Los problemas de salud ocupacional de toda la república. La Comisión en la cual participaba la Sra. Patricia Rodríguez y el compañero del S.U.P.U., que tenía el cometido justamente de realizar varias tareas que apuntaban a la “promoción de la seguridad y la salud en el trabajo”, y donde fue excluido nuestro representante Jorge Clavijo en forma unilateral con el apoyo de estos sindicatos por el Director de Secretaria del M. I. el Dr. Charles Carreras, lo que ha sucedido es que no se ha respetado dicho ámbito como debería, por parte de estos Sindicatos y el Ministerio del Interior, y ahora se quejan.
6) Ámbito permanente de resolución de problemas cotidianos. En variadas oportunidades el Ministerio del Interior ha planteado reuniones quinquenales y siempre por un motivo u otro esos ámbitos a pedido de estos han quedado suspendidos.
7) Derogación del artículo 197 de la ley de presupuesto o pago de una prima por exclusividad. Este artículo no refiere al inciso 04 Ministerio del Interior, sino que está ubicado en sede del inciso 03 (Ministerio de Defensa Nacional). Por tanto se incurre en error ya que debió hacerse referencia al artículo 206 de la Ley de Presupuesto 18719.
8) Jornada de 6 horas, por 4 turnos o pago de compensación por insalubridad, jurídicamente este pedido no es incompatible, por tanto se incurre en error nuevamente al optar inútilmente entre uno y otro beneficio.
9) Convenio por pago de horario nocturno.
10) Pago del prevento represivo a todo el personal. Esta reivindicación se presenta como improcedente, desde que no todo el personal puede recibir el pago de la partida correspondiente a la ejecución de la tarea Prevento Represiva, lo que sólo le correspondería al personal del Sub Escalafón Ejecutivo “L” en tanto cumpla dichas tareas realmente.
11) Mejoramiento de las condiciones de trabajo y alojamiento en cárceles. Esta reivindicación es redundante, o repetitiva, porque se está solicitando lo mismo en el punto “4” del presente comunicado.
Medidas de lucha.
Corte en Ruta.
Ocupación de lugares de trabajo. La medida planteada es jurídicamente imposible puesto que existe el Decreto 130/2010 que establece los mecanismos inmediatos para el desalojo por la fuerza pública de los trabajadores del propio organismo inclusive, sin perjuicio de los artículos 171 numeral 1°, 2° del Código Penal y otros a que dieran lugar dichas acciones u omisiones.
Jornada informativa y volanteada en la entrada del Puerto de Montevideo.
Declararse en asamblea permanente, pre-conflicto y evaluación de los resultados.
PARA FINALIZAR, PARA EL S.U.P.U. ES NOTORIA LA FALTA DE ESTUDIO DE LOS TEMAS A PLANTEAR EN LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA, LO QUE DEMUESTRA LA IRRESPONSABLIDAD CON LA QUE SE HAN MANEJADO LOS DIRIGENTES SINDICALES DE LAS ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARON EN EL PEAJE DE PANDO Y SE NUCREAN EN LA U.SI.P.
PARA NUESTRO SINDICATO, EL ESTUDIO DE LOS TEMAS PREVIAMENTE IMPLICA UN ACTO DE RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD SINDICAL QUE DETERMINANEL BUEN USO DE LA HERAMIENTA Y SUS LIBERTADES, PUESTO QUE ESTE SINDICATO TIENE PRESENTE EN TODO TIMPO Y LUGAR LOS POSIBLES EFECTOS DEL MAL USO DE ESAS LIBERTADES.
SIN PERJUICIO DE QUE SE COMPARTA ALGUNAS DE LAS REIVINDICACIONES PLANTEADAS, NO EN SUS FORMAS, S.U.P.U CONSIDERA QUE HABRIA SIDO OPORTUNO DAR A CONOCER, EN ESTE MARCO, A LOS TRABAJADORES POLICIALES Y A LA OPINIÓN PUBLICA QUE EXISTEN DEFERENCIAS SALARIALES, EN LA LIQUIDACION DE HABERES DE LOS TRABAJADORES POLICIALES Y DE LAS CUALES SE POSEE DOCUMENTACION PROBATORIA CORRESPONDIENTE Y QUE PARA LOS SINDICATOS DE LA U.SI.P. PARECE NO SER IMPORTANTE.
EL S.U.P.U. ENTIENDE QUE SIN PERJUICIO DE QUE EXISTAN REIVINCACIONES QUE SEAN JUSTAS, COMO ORGANIZACIÓN SINDICAL POLICIAL DEBE DESEMPEÑAR SU ACTIVIDAD CON LA MÁXIMA SERIEDAD Y MADUREZ A LA HORA DE COMPROMETER SUS FUERZAS, RECURSOS Y TRABAJADORES AFILIADOS, POR QUE LA CONFIANZA QUE ELLOS HAN DEPOSITADO EN NOSOTROS NO ADMITE UN NIVEL MENOR DE RESPONSABILIDAD, PERO TAMBIEN ENTENDEMOS QUE OTRAS ORGANIZACIONES SE MANEJEN DE FORMAS, AUNQUE NO PARTICIPAREMOS NUCA DE ELLAS.

Firma.

COMISION DIRECTIVA NACIONAL S.U.P.U.

ESTRÉS POLICIAL, Y ESTRÉS ECONÓMICO FAMILIAR?.

    Desde el 2002, en la órbita del Hospital Policial (D.N.S.P.) se creó la ahora llamada Unidad de Estrés, que procura resolver los problemas derivados del ejercicio de la labor policial, en todos sus escalafones, y que además comprende a los trabajadores de bomberos, bajo los mismos criterios. Esta unidad nació, increíblemente, con la finalidad exclusiva de atender el estrés pos-traumático, es decir, casos puntuales no crónicos, derivados de situaciones extremas, hasta el año 2010 cuando se unifico, también en ella, los casos de estrés crónico fruto de diversos factores, constantes, en la vida funcional. En la actualidad las cifras de casos entendidos, se conocen parcialmente, y mantiene un índice siempre creciente, lo que habla a las claras de la gravedad de una problemática que se expande. Sin embargo, poco se sabe del índice de los casos resueltos, de la reincidencia en los trabajadores afectados y de cómo, en definitiva, afecta la carrera funcional o la vida personal del trabajador policial en términos socio-económicos. Una de las particulares características del proceso implementado por la Unidad de Estrés es que, a ella, también se puede llagar por “derivación del Superior” según se puede leer en la página de la D.N.S.P. donde también se advierte, curiosamente, que se hace la puntualización siguiente, “… Es importante señalar que la concurrencia a la unidad no implica que el funcionario no siga desempeñando su labor habitual y en consecuencia tampoco implica el retiro del arma de reglamento…”, lo que en los hechos, perece ser frecuente. Pero antes de analizar ciertas situaciones que se dan en este marco, creemos desafortunada la solución que permite a ciertos funcionarios a cargo de las dependencias, ordenar la concurrencia, directamente, a los trabajadores policiales a dicha unidad especializada basándose exclusivamente en su criterio personal. Pues parece inapropiado que a un funcionario se le atribuya una prerrogativa tan invasiva, cuando es evidente que carece de los conocimientos técnicos, y que esta facultad, no normativizada puede emplearse, o mal usarse, para desvirtuar su finalidad originaria u otras que se presenten en el momento. El otro punto que permite poner en duda esta atribución es la ausencia de un cuerpo normativo que determine el proceso formal para adoptar, probar o justificar, tal decisión lo que fácilmente abre la puerta a un sin número de posibilidades, o bien, a un uso indebido y falto de garantías de esta prerrogativa en relación al trabajador policial. Más acertado hubiera sido generar algún mecanismo que permita evaluar al trabajador policial en el lugar, como forma de generar intervenciones primarias, menos invasivas y que permitan diagnosticar en la propia unidad, siempre y cuando los encargados de las dependencias reciban la formación técnica necesaria, pero sólo para solicitar dicha entrevista y no, como sucede ahora, ordenarle la concurrencia directamente porque entendemos existe una extralimitación en el terreno de las competencias, a la hora de determinar la necesidad de recibir asistencia por motivos de estrés pos-traumático o crónico, excepto cuando ésta necesidad sea notoria. Hablar de estrés, en el campo de la función policial es hablar básicamente de una fractura del buen ambiente de trabajo o de las condiciones de ese trabajo, que es obligación del empleador propiciarlo. Desde un criterio comprensivo de la pluralidad de materias, esto significa no sólo la infraestructura de la cual se sirven los trabajadores policiales, sino del respeto de sus derechos, de la legalidad y naturaleza de las relaciones jerárquicas, de la relación administrado-administración, la utilidad de la legislación que posean para el desempeño de su cometido, de la armonía que exista o no, entre la formación que reciben y los desafíos a enfrentar y la coherencia o no, de la compensación económica que perciben por su labor, y los regímenes horarios, entre otros muchos elementos que hacen al concepto de salud laboral. Parece algo obvio a los ojos del observador inexperto, que cuando uno estudia los factores que desencadenan o disparan los padecimientos como el síndrome de “burn out” o “estar quemado” en su versión en español, uno los halla todos y cada uno de ellos, dentro del sistema policial pero para sorpresa de todos, paralelamente proliferan los estudios en estas áreas para determinar las razones de los altos índices de estrés, intentos de autoeliminación o de autoeliminación en filas policiales. Ahora, desde la cartera ministerial se permanece sin traducir esas intensas preocupaciones sobre la salud laboral de los trabajadores policiales, a las doctrinas que se impulsan o toleran en un sistema de la época del “pre-golpe” (1971) y a las políticas que disponen algunas jerarquías, que sirven de caldo de cultivo de múltiples factores de riesgo en esta materia. Pero existe un aspecto que resulta central, que llega a echar por tierra el objetivo que se busca alcanzar a través de la Unidad de Estrés o, por lo menos, lo divisamos contradictorio. Resulta que cuando un trabajador policial es eximido del servicio a razón de una licencia médica por algún trastorno vinculado al estrés, se aprecian casos en los que se les retira el arma de reglamento, por motivos varios y, sin embargo, luego de algunos días se les ordena retornar al servicio, para desempeñar “tareas de apoyo”, esto es, concurrir de particular a su unidad costeándose el boleto, con la evidente imposibilidad si pertenecen al escalafón ejecutivo de desempeñar actividades por el artículo 222 de la ley 13318 y modificativas. De esta resolución de cuerpo médico, nacen entonces nuevos factores de estrés para el trabajador policial que debe transitar su “recuperación” inexplicablemente en el mismo ambiente que adquirió el padecimiento que lo hizo salir de él, en tanto que constata cómo se deprime una parte significativa de sus ingresos, por la imposibilidad de realizar servicios contratados, e inicia una acumulación de deuda que, en muchos casos, les es imposible reducir, porque con frecuencia su presupuesto no admite mas reajustes a la baja, ni aun en situación de enfermedad. Lo cierto es que, esta curiosa modalidad de retorno a la actividad laboral, tal cual la describimos sólo afecta a los trabajadores ejecutivos visto que, los trabajadores administrativos retornan a sus tareas habituales, y no tienen el impedimento de realizar servicios contratados al desempeñar tareas policiales no ejecutivas, como lo señala el artículo 126 de la ley 16320 que hace extensivo el régimen de los servicios contratados. Cabe preguntarse, en este punto , si los métodos utilizados por el cuerpo médico de la Unidad de Estrés no están volviéndose contradictorios con la finalidad buscada, visto que el nivel de estrés que se pretende erradicar de la vida de los trabajadores y que es fruto de la actividad o de un hecho puntual, que nace de esa actividad, termina por afectarlo desde una doble perspectiva, la que produce el retorno al mismo ambiente que generó el trastorno y la que resulta de la presión que por las deudas acumuladas experimentan muchos trabajadores en su núcleo familiar. Parece claro en este contexto, que el trabajador policial al carecer de un seguro que subsidie, porcentualmente, en alguna medida el ingreso que proviene de los servicios contratados, cuando se halla con licencia médica por esta causa u otras, esta empujado a optar entre cuál de las dos fuentes de estrés que ahora le afectan, es la menos perjudicial para su familia en el corto plazo. La problemática que planteamos, respecto de la ausencia de un subsidio del 222 en el marco de una licencia médica, subyace cada vez que un trabajador policial se enfrenta con una licencia por enfermedad pero parece rechinar, aun más, cuando se relaciona con causas de estrés. Puesto que, a diferencia de otras causas de licencia médica, es la única donde en determinado momento del tratamiento se le ordena volver al servicio en una situación diversa a la originaria es decir, sin el arma de reglamento lo que resulta desde nuestro punto de vista contradictorio e inconveniente, por las razones antes dichas. Creemos que vale la pena meditar sobre este tratamiento que generalmente, con matices, dispensa la Unidad de Estrés a la luz de ciertas realidades laborales que, esta demás decir, todos conocemos. Nos preguntamos, en esta breve reflexión de la realidad que observamos de algunos compañeros, lo siguiente; si el servicio contratado, ahora es también materia sujeta a los gravámenes, y constituye materia salarial, al igual que el sueldo principal…. ¿Acaso es descabellado pensar que pueda existir, o deba existir, un subsidio para los casos de licencias médicas? Creo que no sólo puede ser posible, sino que debió plantearse junto con otras reivindicaciones cuando se determino que ingresaría a ser materia salarial gravada y que ese ingreso, jamás debió aceptarse de forma progresiva. Sin embargo, esto último, no aparta de lo hasta aquí dicho sobre los verdaderos resultados que, en la práctica, tienen los métodos de la Unidad de Estrés. Ya que se nos figuran siempre más orientados a eliminar, mediante una práctica intensiva e invasiva, los efectos más graves que han mostrado los trastornos del estrés en los trabajadores policiales, en lugar de aplicar una metodología preventiva que combata y corte desde el punto de vista médico, por medio de recomendaciones específicas, con los factores de riesgo de estos padecimientos; que no son diversos de los que afectan el concepto de salud laboral, al que tanto estudio y desvelo le ha insumido a la cartera ministerial.

Concentración Mdeo

Decreto1010

SUPU

DE INTERÉS PARA TODOS

21/12/2011.

Sobre las condiciones de trabajo también se expresó Roberto Cardozo, integrante del Sindicato Único de Policía del Uruguay, que tiene representatividad en 13 departamentos. Él y otros funcionarios llegaron hasta la plaza con pancartas para solicitar al ministro que "respete los acuerdos firmados" y brinde mejores condiciones de trabajo y remuneraciones o en su defecto tener la posibilidad de hacer más horas de servicio 222. "Pagarle 12.000 pesos a un trabajador que arriesga la vida por un semejante creo que es poca plata", reflexionó.

                                             Comisión Departamental Tacuarembó

La Comisión Departamental, ante los comunicados de prensa sobre que Sindicatos Policiales realizarían cortes de rutas y manifestaciones.

Aclaramos: Que a nosotros no se nos ha consultado sobre tales medidas, por lo cual no tomamos parte en estas cosas.

Asamblea Nacional

COMUNICAMOS A LOS COMPAÑEROS QUE LA ASAMBLEA NACIONAL QUE SE REALIZARIA EL DIA 15 DE ENERO 2012 QUEDA SUSPENDIDA, LA MISMA SE REALIZARA EL DIA 11 DE FEBERERO 2012..-

COMISION DIRECTIVA NACIONAL

Asamblea de Socios